Pocas iniciativas han sacudido la arena política y económica de México como la propuesta de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto no era un simple ajuste, sino un intento de redibujar por completo el mapa energético del país, devolviendo el control casi total a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde que se presentó en 2021, desató un debate que polarizó a la nación: por un lado, la defensa de la soberanía energética; por el otro, las advertencias sobre un retroceso económico y ambiental. En el centro de todo estuvo la Cámara de Diputados, y más específicamente, la decisión del PRI, que se convirtió en la pieza clave del ajedrez político. Acompáñame a desglosar, con un lenguaje claro y desde la experiencia, qué proponía realmente esta reforma, cómo se vivió la intensa batalla en el Congreso y cuáles fueron las repercusiones de su rechazo, un evento que sin duda ha dejado una marca indeleble en el sector.
El Corazón de la Propuesta: ¿Qué Buscaba Cambiar la Reforma Eléctrica?
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Para entender la tormenta que desató esta reforma, tenemos que ir a su esencia. No era un simple cambio de reglas; era un intento de dar un volantazo y regresar a un modelo donde el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fuera el actor dominante. Presentada a finales de 2021, la iniciativa buscaba modificar la Constitución para revertir la apertura del sector que se había dado con la reforma energética de 2013.
El cambio más drástico, y que en mi experiencia causó más revuelo, estaba en el orden de despacho de la energía. Imagina una fila para vender electricidad a la red nacional. Con el modelo anterior, los generadores más baratos (casi siempre privados y de energías renovables) pasaban primero. La propuesta del gobierno invertía por completo esta lógica. Primero despacharían las hidroeléctricas de la CFE, luego el resto de sus plantas (incluidas las más contaminantes y costosas), y solo al final, si quedaba espacio, la energía de los privados. En la práctica, esto garantizaba que la CFE vendería su energía sí o sí, sin importar el costo. El objetivo declarado era que la empresa estatal controlara al menos el 54% del mercado. Desde la perspectiva del gobierno, era un acto de justicia para recuperar la 'soberanía energética' y proteger a los consumidores. Para los críticos, era una receta para tener energía más cara y sucia.
Pero eso no era todo. La reforma proponía cancelar los contratos y permisos de generación eléctrica ya existentes. Esto, como te podrás imaginar, encendió todas las alarmas en el sector privado. Hablamos de inversiones de miles de millones de dólares que, de la noche a la mañana, quedaban en el aire. Además, se planteaba eliminar los Certificados de Energías Limpias, el principal incentivo para invertir en proyectos solares y eólicos, y disolver a los órganos reguladores autónomos como la CRE y la CNH, que funcionaban como árbitros del mercado. El poder se concentraría en la Secretaría de Energía y en la propia CFE, que pasaría a ser juez y parte. Finalmente, se declaraba al litio como un mineral estratégico cuya explotación sería exclusiva del Estado. Era, en suma, una propuesta de un profundo carácter nacionalista que puso sobre la mesa un debate fundamental: ¿qué tipo de futuro energético queremos para México?
La Batalla Legislativa: Choque de Visiones en el Congreso
El Palacio Legislativo de San Lázaro se convirtió en el escenario de una verdadera guerra política. Te lo digo con conocimiento de causa: pocas veces se ha visto una presión tan intensa y un ambiente tan cargado en la Cámara de Diputados. La discusión sobre la reforma no fue un simple debate técnico; fue un choque frontal entre dos visiones de país. Como se trataba de un cambio a la Constitución, el partido en el poder y sus aliados necesitaban una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos, algo que no tenían.
Por eso, todas las miradas se giraron hacia el PRI. Su decisión era el fiel de la balanza. Durante meses, su dirigencia jugó con la ambigüedad, lo que generó una tensión enorme dentro de la alianza opositora 'Va por México'. El PRI estaba en una encrucijada histórica. Apoyar la reforma significaba darle la espalda al modelo que ellos mismos habían impulsado años atrás con Enrique Peña Nieto. Oponerse, por otro lado, los exponía a la poderosa narrativa presidencial que los acusaba de 'traidores a la patria'. Recuerdo que la presión era constante, con llamados directos del presidente a los legisladores priistas para que votaran 'por México'.
El proceso incluyó un Parlamento Abierto de varias semanas, donde desfilaron expertos, empresarios y funcionarios. Por un lado, el gobierno y la CFE defendían la reforma como la única vía para bajar las tarifas y acabar con los supuestos abusos de las empresas privadas. Por el otro, los críticos advertían de un desastre inminente: apagones, energía más cara, contaminación, pleitos internacionales bajo el T-MEC y la fuga masiva de inversiones. A medida que se acercaba el día de la votación, la tensión era palpable. Los diputados de la oposición incluso durmieron en el recinto legislativo para evitar que posibles bloqueos les impidieran llegar a votar.
Finalmente, el PRI anunció su decisión: votarían en contra. Calificaron la propuesta como tóxica y un peligro para el país. Esa postura, anunciada días antes del debate final, prácticamente sentenció el destino de la iniciativa. El día de la votación, el 17 de abril de 2022, el salón de plenos era un hervidero de gritos y pancartas. Fue una sesión maratónica y llena de acusaciones, pero la coalición opositora se mantuvo firme. Por primera vez en el sexenio, el bloque opositor lograba frenar en seco una de las reformas más emblemáticas del presidente.
El Desenlace y sus Efectos: ¿Qué Pasó Después del Rechazo?
La noche de aquel domingo 17 de abril de 2022, después de casi 13 horas de debate, la Reforma Eléctrica fue oficialmente desechada. El tablero marcó 275 votos a favor y 222 en contra. No se alcanzó la mayoría calificada necesaria. Para el gobierno fue el primer gran revés legislativo; para la oposición, una victoria que celebraron cantando el himno nacional en pleno salón. Desde las bancadas oficialistas, la respuesta fue inmediata y contundente: acusaron a quienes votaron en contra de 'traidores' y 'vendepatrias'.
Las repercusiones fueron inmediatas. En el ámbito político, el rechazo consolidó al bloque opositor. Pero el presidente no se quedó de brazos cruzados. En una jugada política muy hábil, al día siguiente activó su 'Plan B': envió y logró la aprobación de una reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio. No era el cambio constitucional que quería, pero le permitió asegurar el control estatal de ese recurso estratégico mediante una ley secundaria que no necesitaba tantos votos.
Desde la perspectiva económica, los mercados y los inversionistas respiraron aliviados. En mi experiencia, la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. El rechazo de la reforma eliminó una amenaza que pesaba sobre miles de millones de dólares. De hecho, algunas agencias calificadoras mejoraron la perspectiva económica de México, argumentando que se había evitado un escenario que podría haber disparado los costos de la electricidad y dañado la competitividad del país frente a socios como Estados Unidos y Canadá.
Aunque la reforma constitucional fue derrotada, la batalla por el modelo energético de México está lejos de terminar. El gobierno ha seguido intentando fortalecer a la CFE por otras vías, principalmente a través de cambios a leyes secundarias que han sido objeto de una larga lucha en los tribunales. La discusión se ha trasladado del Congreso a las cortes. Aquel debate dejó cicatrices profundas, pero también una lección clara: el futuro de la energía en México sigue siendo uno de los temas más importantes y disputados, y su definición marcará el rumbo del país en las próximas décadas. Para entender el contexto de los tratados comerciales, sitios como el de la Organización Mundial del Comercio ofrecen un panorama global.