En el complejo tablero de la justicia argentina, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y generan tanto debate como el de Sebastián Casanello. Desde su llegada como Juez Federal en 2012, se ha convertido en una pieza clave, llevando adelante algunas de las investigaciones de corrupción más sonadas y políticamente explosivas de los últimos años. Su carrera está marcada a fuego por la famosa 'Ruta del Dinero K', un caso que culminó con la condena de Lázaro Báez y que lo catapultó al centro de todas las miradas. Sin embargo, su actuar no ha estado exento de polémica. Hay quienes lo ven como un magistrado discreto y técnicamente impecable, un verdadero artífice en la lucha contra el crimen organizado. Pero no falta quienes, por el contrario, lo critican duramente, señalándolo como lento y hasta funcional a ciertos intereses políticos, llegando a acuñarle el apodo de 'juez kirchnerista'. Este artículo busca desentrañar el enigma de Casanello: su trayectoria, las causas que moldearon su carrera, las recurrentes acusaciones de parcialidad y esos momentos cruciales que lo convirtieron en una figura divisiva, pero ineludible, dentro de un Poder Judicial tan criticado como fundamental para nuestra República.
Permítanme contarles algo. En mis años de observar Comodoro Py, uno aprende que la historia de un juez no solo se escribe en sus fallos, sino en la trama que lo rodea, en las expectativas y las críticas que despierta. Y la historia de Sebastián Casanello es, sin duda, una de las más fascinantes y complejas de los últimos tiempos. Para entenderlo, debemos ir más allá del titular y adentrarnos en su origen y evolución.Tabla de Contenido
Juez Sebastián Casanello: Perfil y Ascenso en Comodoro Py
Entender a Sebastián Casanello es adentrarse en la forja de un magistrado que, quizás sin buscarlo, se volvió uno de los más influyentes y, a la vez, más cuestionados en los tribunales de Comodoro Py. Nacido un 14 de diciembre de 1974 en Buenos Aires, creció en un ambiente donde el derecho era el pan de cada día, siendo hijo de abogados. Se formó en el prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires y, a los 24 años, ya se graduaba con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un indicio temprano de su enorme capacidad y dedicación. Pero su curiosidad no se quedó solo en lo legal; también se animó con materias de Sociología, una disciplina que, estoy convencido, le dio una visión más amplia de las dinámicas sociales y de cómo se organiza la justicia, conocimientos que más tarde volcaría en su rol de docente.
Les confieso que siempre me impresionó cómo se forjó desde abajo. Con solo 19 años, este joven Sebastián se metió de lleno en el Poder Judicial, empezando como un simple meritorio. Imaginen lo que significa conocer cada rincón de un juzgado, cada pasillo, cada proceso desde la base. Esa experiencia le dio una perspectiva única del fuero penal, pasando por distintas fiscalías y secretarías. Un momento clave para él fue su etapa en la Fiscalía Federal N° 6, donde aprendió de figuras como Federico Delgado y Eduardo Freiler. Esa fue, en mi opinión, la escuela que terminó de moldear su perfil como investigador. No muchos años después, en noviembre de 2004, ya era secretario de la Sala I de la Cámara Federal, sumando un bagaje invaluable en la segunda instancia judicial.
El gran salto de su carrera llegó en 2012. Tras un concurso donde demostró ser un candidato de peso, su pliego fue elegido por el Poder Ejecutivo, en ese momento a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, y aprobado por el Senado. Así, con tan solo 37 años, Casanello juró como titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. Se convirtió, ni más ni menos, en el juez más joven de los tribunales federales de Retiro. Su llegada a un juzgado tan importante, que antes estuvo en manos del polémico Norberto Oyarbide, generó altas expectativas y, como es de esperarse, los primeros recelos. Desde el principio, el magistrado se caracterizó por un perfil bajo, alejado de los flashes y las declaraciones estridentes de otros colegas. Prefería, y aún prefiere, que sus sentencias hablen por él. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, el sorteo de causas, lo catapultaría inevitablemente al centro de la escena pública.
Una de las primeras causas de alto perfil que le tocó manejar fue la de las escuchas ilegales, que involucraba al entonces Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Oyarbide ya lo había procesado, pero fue Casanello quien, tras reabrir la instrucción para sumar más pruebas, dictaminó su sobreseimiento en diciembre de 2015, pocos días antes de que Macri asumiera como Presidente. Su argumento: la "ausencia de prueba de cargo". Esta decisión, aunque fundamentada jurídicamente, no tardó en generar críticas desde el kirchnerismo y fue una de las primeras veces que su trabajo fue escudriñado con lupa por la opinión pública. Su faceta docente también es crucial para entenderlo; desde 2011, es profesor en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, enseñando materias como “Sociología de la organización judicial”. Esto nos habla de un interés genuino por reflexionar académicamente sobre el propio sistema del que forma parte. Este trasfondo académico y su larga trayectoria en los pasillos de tribunales nos ayudan a comprender el complejo perfil de este magistrado. Desde su juzgado, se enfrentaría a investigaciones que pondrían a prueba no solo su capacidad técnica, sino también su independencia y su temple frente a las enormes presiones del poder político y económico. La percepción pública sobre su figura comenzaría a polarizarse a medida que avanzaba en expedientes de corrupción que salpicaban al poder de turno y al anterior, convirtiéndolo en un actor ineludible del ajedrez político-judicial argentino y alimentando el debate sobre si era un 'juez kirchnerista' o, simplemente, un magistrado independiente.
El estilo de trabajo de Casanello, según quienes lo conocen de cerca, es metódico y sumamente meticuloso. A diferencia de otros jueces federales que a menudo buscan el impacto mediático con operativos espectaculares, él ha optado por un enfoque más reservado, centrado en la construcción paciente del expediente. Sin embargo, esta forma de trabajar le ha valido una de las críticas más recurrentes: la lentitud. Sus detractores, especialmente en los momentos más álgidos de las causas por corrupción, lo apodaron 'la tortuga', sugiriendo que sus demoras eran funcionales a los intereses de los imputados. El propio juez ha respondido a estas críticas argumentando que los tiempos procesales y la necesidad de recolectar pruebas sólidas no siempre se alinean con la ansiedad mediática o política. Siempre ha defendido que avanzar sin pruebas contundentes solo lleva a resoluciones débiles que luego son revocadas en instancias superiores, debilitando la causa final. Esta tensión entre la celeridad que exige la sociedad y la rigurosidad que demanda el derecho procesal penal es una constante en su judicatura.
Desde su designación, se especuló mucho sobre sus supuestos vínculos políticos. Algunos medios y opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner señalaron supuestos lazos con La Cámpora y con figuras como el entonces titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Estas acusaciones, que él ha negado sistemáticamente, buscaron instalar la idea de un ‘juez kirchnerista’, puesto en un lugar estratégico para garantizar impunidad. Él, por su parte, siempre ha sostenido que su carrera de más de dos décadas en la justicia y su designación por concurso son sus verdaderos avales. Paradójicamente, a lo largo de los años, también ha recibido duras críticas desde el propio kirchnerismo, especialmente cuando sus resoluciones afectaban a exfuncionarios o cuando avanzaba en causas que consideraban parte de una persecución judicial o 'lawfare'. Esta dualidad de críticas provenientes de ambos lados de la grieta política es interpretada por sus defensores como una señal de independencia. Argumentan que un juez que incomoda a todos los poderes por igual es, probablemente, un juez que está haciendo bien su trabajo. Sin embargo, para sus críticos más acérrimos, esta ambivalencia es vista como una estrategia para navegar las turbulentas aguas de la política argentina, adaptando sus decisiones al clima de época.
El Juzgado Federal N° 7, bajo la conducción de Casanello, se convirtió en un epicentro de causas sensibles. Además de los casos de corrupción, ha intervenido en investigaciones sobre crímenes ambientales, como los derrames de la minera Barrick Gold en San Juan, aunque la Corte Suprema finalmente declaró la competencia de la justicia provincial. También tuvo a su cargo la trágica causa de la fiesta electrónica Time Warp, donde cinco jóvenes murieron por consumo de drogas sintéticas. En ese caso, procesó a empresarios y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad, demostrando que su accionar no se limitaba a la corrupción política. Sin embargo, fue apartado del caso antes de su elevación a juicio. La gestión del magistrado en estas diversas causas dibuja el retrato de un juez que no le ha rehuido a los expedientes complejos y de alto impacto público, aunque sus métodos y decisiones sigan generando un profundo debate sobre su verdadero rol en el sistema de justicia. Y es que la figura de este juez se ha construido sobre estas paradojas: un hombre de bajo perfil mediático pero protagonista de las causas más resonantes; un jurista de sólida formación académica acusado de lentitud procesal; y un magistrado nominado durante un gobierno, pero cuyas decisiones han impactado tanto a ese espacio político como a sus opositores, manteniendo viva la pregunta sobre la naturaleza de su judicatura.
Metodología y Entorno de Trabajo
Quienes hemos pasado tiempo en Comodoro Py sabemos que ese lugar es un universo aparte. Es un ecosistema con sus propias reglas, sus presiones invisibles y una política que respira por todos lados. No es para cualquiera. Y si hay algo que el juez Casanello ha demostrado, es una resistencia asombrosa. Ha resistido embates de todo tipo: juicios políticos, operaciones mediáticas y, lo peor, denuncias falsas. ¿Recuerdan ese capítulo bochornoso donde dos "testigos" dijeron haberlo visto en Olivos pactando con Cristina Kirchner? Bueno, esos mismos testigos luego confesaron que mintieron y fueron condenados. Un suceso que, si bien lo reivindicó, dejó al descubierto la brutalidad de las operaciones para destruir la reputación de un juez que lleva causas sensibles. Su método, me parece a mí, es simple: atrincherarse en el expediente. Usar el tecnicismo legal y los procedimientos como un bunker. Su equipo de trabajo en el Juzgado Federal N° 7 es conocido por su discreción y lealtad, casi como una fortaleza inexpugnable. Es cierto, muchos critican su lentitud, pero él siempre ha defendido que es la única manera de garantizar la objetividad y la legalidad de cada paso, especialmente cuando todo lo que se hace es interpretado en clave política. En definitiva, la esencia de Casanello no solo se ve en sus sentencias, sino en su increíble capacidad de sobrevivir en el campo minado que es la justicia federal argentina.
La 'Ruta del Dinero K': El Expediente que Marcó a Casanello
Si hay una causa que grita el nombre de Sebastián Casanello, que lo define y que forjó gran parte de su imagen pública, esa es sin lugar a dudas, la archiconocida 'Ruta del Dinero K'. Este expediente monumental, que buceó en una compleja trama de lavado de activos, no solo lo puso en el centro de la escena nacional, sino que también se convirtió en el principal campo de batalla donde se libraron las acusaciones de que era un ‘juez kirchnerista’. La investigación arrancó en abril de 2013, a raíz de una serie de denuncias periodísticas que exponían una supuesta red de evasión y blanqueo de capitales liderada por el empresario Lázaro Báez, muy cercano al kirchnerismo. El caso, por esas cosas del destino, recayó en el Juzgado Federal N° 7, que el magistrado ocupaba hacía apenas seis meses.
Desde el primer momento, la investigación se topó con enormes dificultades y presiones. La complejidad de la ingeniería financiera –con empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales como Suiza y una red de testaferros– exigía un trabajo de investigación minucioso, casi de artesano. Durante los primeros años, el avance de la causa fue, a decir verdad, lento. Y eso, claro, alimentó las críticas sobre una supuesta inacción deliberada por parte del juez para proteger a los funcionarios del gobierno de entonces. La oposición política y diversos medios de comunicación lo acusaron, sin rodeos, de ‘planchar’ el expediente. Sin embargo, un punto de inflexión llegó en marzo de 2016, con la difusión de un video que mostró a Martín Báez, hijo de Lázaro, y a otros implicados contando millones de dólares en la financiera SGI, popularmente conocida como ‘La Rosadita’. Esa prueba, de un impacto mediático demoledor, fue el catalizador que aceleró los tiempos procesales. El propio juez reconoció que la contundencia de esas imágenes cambió por completo el escenario probatorio.
Poco después, en abril de 2016, Casanello ordenó la detención de Lázaro Báez, una de las decisiones más espectaculares y trascendentes de su carrera. La imagen del empresario, hasta entonces intocable, siendo arrestado en el aeropuerto de San Fernando, marcó un antes y un después en la causa y en la política argentina. A partir de allí, el juez no dudó en avanzar con los procesamientos. En agosto de 2017, procesó a Báez y a otras 26 personas, incluidos sus cuatro hijos, por integrar una banda dedicada al lavado de dinero agravado, trabando embargos millonarios. En esta resolución, Casanello vinculó por primera vez de manera explícita el dinero lavado con los fondos provenientes de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública, una causa que tramitaba en el juzgado de Julián Ercolini. Esta conexión fue crucial, ya que establecía el ‘delito precedente’ que explicaba el origen de los fondos ilícitos. Finalmente, la causa fue elevada a juicio oral y, en febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión (pena luego reducida a 10 años por Casación) por el lavado de unos 55 millones de dólares.
La Controversia en Torno a Cristina Fernández de Kirchner
La sombra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobrevoló toda la investigación de 'La Ruta del Dinero K'. Las querellas, como la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Macri, y el fiscal Guillermo Marijuan, siempre sostuvieron que Báez era un mero testaferro de la familia Kirchner y que la expresidenta era la verdadera beneficiaria y jefa de la estructura criminal. Durante años, presionaron al juez para que la citara a declaración indagatoria. La Cámara Federal, en varias ocasiones, le ordenó al magistrado que definiera su situación procesal. La defensa de Casanello ante estas presiones era sólida: sostenía que no se podían investigar dos asociaciones ilícitas paralelas (una por la obra pública en el juzgado de Ercolini y otra por el lavado en su juzgado) con los mismos integrantes, y que no contaba con pruebas directas que vincularan a la exmandataria con la maniobra de lavado específica que él investigaba. Esta postura fue el principal argumento de quienes lo acusaban de ser un ‘juez kirchnerista’, alegando que su negativa a indagarla era una forma de encubrimiento.
El desenlace de esta trama llegó en junio de 2023. El fiscal Marijuan, el mismo que había impulsado la imputación durante años, solicitó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, argumentando que tras una década de investigación no había logrado reunir las pruebas suficientes para acusarla formalmente por el delito de lavado en esa causa. La UIF y la AFIP, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández, adhirieron al pedido. Ante este escenario, con el titular de la acción penal (el fiscal) y las querellas estatales retirando la acusación, Casanello dictó el sobreseimiento de la expresidenta. En su fallo, explicó que sin acusación no hay proceso penal posible y que la tarea del juez se ve acotada, ya que no puede asumir el rol de acusador. Esta decisión, aunque jurídicamente fundada en el principio acusatorio, generó una enorme controversia política. La oposición la calificó como el corolario de un pacto de impunidad, mientras que el kirchnerismo la celebró como la prueba de que la causa había sido una operación de 'lawfare'. Una ONG ligada al PRO, Bases Republicanas, intentó mantener la acusación en solitario, pero la causa quedó en un estado procesal complejo. Posteriormente, la Cámara Federal revocó ese sobreseimiento y ordenó seguir investigando, lo que llevó al juez a ordenar nuevas medidas de prueba, como un peritaje contable para determinar la trazabilidad del dinero, una investigación que, al día de hoy, sigue abierta.
Otras Causas Relevantes y la Causa de los Alimentos
La labor de Sebastián Casanello no se agota en la 'Ruta del Dinero K'. A lo largo de su década en Comodoro Py, ha intervenido en otros casos de gran relevancia. Uno de los más recientes y de mayor impacto durante el gobierno de Javier Milei es la causa por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano. A raíz de una denuncia del dirigente social Juan Grabois, el magistrado investigó el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por el acopio de miles de toneladas de alimentos en depósitos estatales sin ser distribuidos a comedores. En una serie de fallos de alto voltaje político, Casanello intimó al gobierno a presentar un plan de distribución inmediata de la mercadería, una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal. Esta intervención directa en una política pública del gobierno libertario le valió duras críticas desde el oficialismo, que lo acusó de intromisión en la esfera del Poder Ejecutivo y de actuar en connivencia con la oposición. El juez incluso ordenó operativos en dependencias del ministerio para secuestrar documentación sobre la logística de los alimentos. Este caso volvió a poner a Casanello bajo el foco mediático, demostrando una vez más su disposición a tomar decisiones que confrontan directamente con el poder político de turno, independientemente de su color. Esta actuación, para algunos, refuerza su imagen de juez independiente, mientras que para el gobierno y sus simpatizantes, es una prueba más de su supuesto activismo judicial y de ser un ‘juez kirchnerista’ en sus motivaciones, ahora actuando contra una administración de signo opuesto. Lo cierto es que la figura de Casanello sigue siendo un termómetro de la tensión permanente entre la justicia y la política en Argentina, un rol que parece destinado a ocupar en cada una de sus intervenciones de alto perfil.
Críticas, Controversias y el Estigma del 'Juez Kirchnerista'
La trayectoria de Sebastián Casanello está, por designio o por coyuntura, indisolublemente ligada a la controversia. Desde que asumió en el estratégico Juzgado Federal N° 7, su figura ha sido objeto de un escrutinio intenso y de ataques que han llegado de prácticamente todo el espectro político. La crítica más persistente, la que más ha moldeado su imagen pública, es sin duda la acusación de ser un ‘juez kirchnerista’. Este estigma nació casi al mismo tiempo que su designación en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue impulsada por la oposición de entonces y por algunos sectores mediáticos, quienes argumentaban que su nombramiento era parte de una estrategia para colocar magistrados afines en puestos clave de Comodoro Py y así, garantizar una red de protección judicial. Esta narrativa se vio reforzada durante los primeros años de la investigación de la 'Ruta del Dinero K', cuando la aparente lentitud del proceso fue interpretada no como prudencia o dificultad probatoria, sino como una maniobra dilatoria deliberada para proteger a la cúpula del poder de ese momento.
Las acusaciones de parcialidad no se quedaron solo en palabras; se materializaron en varias denuncias formales y pedidos de juicio político. Recuerdo que en 2013, la diputada Elisa Carrió lo denunció por presunto 'encubrimiento agravado' a favor de Lázaro Báez. El Consejo de la Magistratura también recibió peticiones para su destitución. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones prosperó de manera significativa. El propio magistrado ha tenido que defenderse públicamente de estas imputaciones en contadas ocasiones, rompiendo su habitual bajo perfil. Ha negado cualquier tipo de militancia o vínculo con agrupaciones como Justicia Legítima y ha calificado como una “barbaridad” y un “agravio” que se lo acuse de proteger a Cristina Kirchner o de responder a intereses políticos. Sus defensores señalan que la prueba más contundente de su independencia es que, a pesar de las acusaciones, fue él quien detuvo y procesó a Lázaro Báez, condenó a su círculo íntimo y avanzó en causas que desmantelaron una parte significativa de la red de corrupción investigada, generando fallos que luego resultaron en condenas firmes.
Una de las operaciones más feroces en su contra fue la del falso testimonio. En 2016, en plena efervescencia de la causa Báez, dos testigos declararon haberlo visto visitando a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. La historia fue ampliamente difundida, buscando instalar la imagen de un pacto espurio. El juez se autodenunció para que se investigara el hecho, y la pesquisa demostró la falsedad de los dichos. Finalmente, en 2020, los dos testigos admitieron haber mentido y fueron condenados en un juicio abreviado. Este episodio, si bien terminó reivindicando al magistrado, dejó en evidencia la crudeza de las operaciones político-judiciales que se orquestan para presionar o apartar a los jueces que manejan causas de alto poder. Incluso se llegaron a publicar notas periodísticas que afirmaban, sin pruebas fehacientes, que Casanello se comunicaba con Cristina Kirchner a través de la aplicación de mensajería Telegram, una acusación grave que buscaba minar su credibilidad.
Un Juez en la Mira de Todos los Gobiernos
Paradójicamente, la etiqueta de ‘juez kirchnerista’ se ha visto desafiada por sus propias actuaciones y por las críticas recibidas desde el propio kirchnerismo y gobiernos de otro signo. Durante la administración de Mauricio Macri, si bien fue el juez que avanzó contra Báez, también fue quien sobreseyó al propio Macri en la causa de las escuchas ilegales. Esta decisión, si bien la justificó en la falta de pruebas directas tras una nueva ronda de medidas, le granjeó críticas del sector que lo consideraba un enemigo. Más recientemente, bajo el gobierno de Javier Milei, su rol en la ‘causa alimentos’ lo ha puesto en una ruta de colisión directa con el Poder Ejecutivo. Sus fallos, exigiendo al Ministerio de Capital Humano la elaboración y ejecución de un plan de reparto de alimentos, fueron tildados por el oficialismo como un claro ejemplo de ‘activismo judicial’ y de una intromisión indebida de la justicia en la política. Funcionarios del gobierno de Milei lo acusaron de actuar en coordinación con el dirigente social Juan Grabois, el denunciante, revitalizando la idea de un juez con una agenda política propia.
Esta capacidad para generar anticuerpos en gobiernos de diferentes ideologías es, quizás, el aspecto más complejo y definitorio de su perfil. Para sus críticos, su accionar es camaleónico, adaptándose a los vientos políticos para sobrevivir en el poder. Para sus defensores, es la prueba irrefutable de su independencia: un juez que no responde a ningún poder y que aplica la ley según su criterio, incomodando a quien ocupe el poder. Lo cierto es que la figura de Casanello se ha transformado en un significante vacío que cada sector político llena con sus propias proyecciones y acusaciones. Su legado, aún en construcción, estará marcado por esta tensión. ¿Será recordado como el juez que encarceló a Lázaro Báez y desentrañó la 'Ruta del Dinero K', o como un magistrado cuyo accionar ambiguo y pausado generó más dudas que certezas? La respuesta probablemente dependa de la perspectiva desde la cual se analice su compleja y central carrera en la justicia federal argentina. Puede consultarse información oficial sobre el Poder Judicial y sus magistrados en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Legado y el Futuro de Casanello
Evaluar el legado de un juez en actividad es siempre una tarea provisional. Sin embargo, a más de una década de su llegada a Comodoro Py, ya se pueden delinear los contornos de lo que será la impronta de Sebastián Casanello. Su principal legado, hasta la fecha, es la sentencia en la causa 'Ruta del Dinero K'. Fue una investigación que, con todas sus idas y venidas, críticas y controversias, culminó con la condena de un empresario emblemático de la corrupción y la recuperación de activos para el Estado. Este caso se ha convertido en un precedente importante en la lucha contra el lavado de dinero en Argentina. Por otro lado, un legado innegable es la controversia misma que genera. Casanello encarna la desconfianza crónica que una parte importante de la sociedad argentina siente hacia el Poder Judicial. La discusión sobre si es un ‘juez kirchnerista’ o un juez independiente sigue viva y se reactiva con cada nueva causa de alto perfil que cae en su juzgado. Su futuro parece estar ligado a este mismo destino. Recientemente, resultó sorteado para subrogar el Juzgado Federal 11, lo que lo pondrá al frente de otra causa de alto impacto político: el 'Caso Seguros', que involucra al expresidente Alberto Fernández. Esto asegura que el juez seguirá en el ojo de la tormenta, siendo un actor central cuyas decisiones continuarán siendo analizadas no solo en términos jurídicos, sino también, y quizás principalmente, en términos políticos. Su capacidad para manejar la presión, su rigor técnico y su habilidad para navegar en las complejas aguas de la justicia federal serán puestas a prueba una vez más, consolidando su lugar como una de las figuras más enigmáticas y determinantes del poder judicial argentino contemporáneo.